"NNmultimedia en linea"

​    

 

      Juzgadores, descalificación contaminada



Debe ser y con mucho Ricardo Salinas Pliego, el mayor detractor de la pasada elección judicial, por razones de interes propio más que por un análisis imparcial desde el medio de comunicación del que es propietario.
Ya se dijo hasta el cansancio que la ahora titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, declinó elegir SU poder judicial como lo hicieron todos, absolutamente TODOS los anteriores presidentes  de una República que se funda en tres pilares junto con el Poder Legislativo.
¿La preocupación es que el Poder Judicial, cuyos nuevos integrantes asumen en septiembre, esté supeditado al Poder Ejecutivo o que en esta ocasión las nuevas personas juzgadoras ya no serán sus incondicionales comprados, para evadir impuestos, tramitar  amparos de un día para otro, torcer debidos procesos para no pisar la cárcel, etc?
Quienes se opusieron y descalificaron la elección judicial no fue necesariamente por razones ideológicas, políticas, jurídicas. El caso de Salinas Pliego es un ejemplo de corrupción, impunidad, abuso de poder, tráfico de influencias, etc.
Durante la mañanera presidencial de este viernes se expuso que las empresas del Grupo Salinas tienen adeudos fiscales por más de 74 mil millones de pesos.
De acuerdo con  la presidenta Claudia Sheinbaum existen ciertos empresarios que “no quieren pagar impuestos” y que “tuvieron vínculos con ministros y ministras”  responsables del  retraso o favorecimiento en resoluciones judiciales.
El monto de 74 mil millones de pesos es superior al presupuesto de Tabasco del presente año que es de 66 mil millones de pesos y por ello remata la primer mandataria que “no creo que la Corte actual se atreva a hacer algo en contra del pueblo de México”.
Aquí es donde se ponen sobre la balanza una de las “razones” de los descalificadores de la elección judicial, relativa a las dudas, por cierto comprobadas en muchos casos, de la capacidad profesional, de los y las candidatas a personas juzgadoras:
Por un lado está la capacidad juridica, la experiencia y por el otro la ética, la honestidad, compromiso moral e incluso el respeto a no violentar los preceptos legales. Lo primero se puede adquirir, lo segundo, no comprándolo.
Correspondió a la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, precisar que Grupo Salinas acumuló adeudos fiscales   desde 2008, que motivaron 74 procesos legales en distintas instancias, entre ellos  tres asuntos activos en la SCJN por un monto de 26 mil millones de pesos. 
La funcionaria enlistó algunos de los métodos de un patrón sistemático de retraso judicial:
-Uso excesivo de recursos legales
-Recusaciones y alegatos de impedimento contra jueces y ministros.
-Interponer amparos y nuevos juicios para prolongar indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Entonces, la descalificación a la elección judicial fue por dudas por su carácter legal y democrático o porque ya no tendrían el control, como ahora, de un sistema de corrupción para no castigar a delincuentes de cuello negro y de privilegios para favorecer a empresarios evasores de impuestos, delincuentes de cuello blanco.

TIEMPO FUERA.- La conclusión presidencial fue obvia: “Hablan de Estado de derecho, pero cuando les toca a ellos, no quieren justicia”